Mil nuevos oficiales de policía fortalecerán la seguridad del país
La seguridad de la ciudadanía se verá reforzada con un inversión adicional y permanente de ₡45 mil millones de forma anual, gracias a la aprobación en segundo debate del proyecto de Ley de Impuesto a Sociedades Anónimas.
El proyecto aprobado distribuye los ingresos provenientes de ese impuesto en un 90% al Ministerio de Seguridad Pública, un 5% al Ministerio de Justicia y Paz y un 5% al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los nuevos ingresos serán utilizados para contratar mil nuevos oficiales de policía, construir más delegaciones policiales, comprar más equipo policial, dotar de más herramientas y personal para combatir el crimen organizado y financiar a la Dirección General de Adaptación Social.
“La aprobación del Impuesto a las Sociedades es una buena noticia porque garantiza el correcto financiamiento de las fuerzas de policía que la gente merece. Costa Rica merece una policía debidamente equipada, con una cantidad de oficiales que sea acorde a la cantidad de población y al territorio que tenemos, y que esté preparada para combatir los retos que la sociedad requiere” afirmó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública Gustavo Mata aseguró que con este dinero se reforzará la seguridad del país. “Estos recursos servirán para contar con más policías, adquirir mejores lanchas para cuidar nuestras costas y crear un centro de comunicación en donde tendremos acceso a toda la información de lo que está pasando en nuestro país por medio de cámaras de seguridad enlazadas a nivel nacional”, comentó Mata.
Este proyecto de ley se discutió en la Comisión de Asuntos Hacendarios por medio de un procedimiento de vía rápida con el fin de acortar los tiempos y así tener una aprobación más expedita.
Recientemente, el proyecto recibió el aval por parte de la Sala después de que varios diputados hiciera una consulta legislativa al proyecto, los magistrados coincidieron en que no existen vicios de procedimiento en el proyecto, además, por mayoría, consideraron que no se violenta el principio de capacidad contributiva.