Opinión: El humarascal de la 87

Kenneth Carpio Brenes, Sociólogo, Máster en Desarrollo Social Universidad Complutense de Madrid.
Kenneth Carpio Brenes, Sociólogo, Máster en Desarrollo Social Universidad Complutense de Madrid. kcarpiob@gmail.com

Amables lectores, esta semana tocaremos un tema que en lugar de nublado es más bien un asunto ahumado; me refiero al humarascal que tira la locomotora 87 de INCOFER, es tanto el humo que los vecinos se vieron en la necesidad de poner un recurso de amparo ante la Sala IV. Lo cual conllevó que se le prohibiera al INCOFER seguir utilizando la máquina para el trayecto entre el centro y la Basílica de los Ángeles.

El tema del tren tiene varios actores de fácil identificación, por una parte el INCOFER prestatario del servicio, los vecinos que conviven con la línea férrea, la Municipalidad como impulsora del proyecto, al Ministerio de Salud, al MOPT y por último los más importantes, los usuarios y usuarias del servicio.

Con respecto a los vecinos que conviven con la línea del tren, aunque el servicio se reanudó recientemente, la línea de tren lleva décadas en su mismo lugar y será siempre inevitable que tengan que soportar el correr de las máquinas y sus carros, pero ciertamente ello no justifica una alteración a la calidad de vida de enormes dimensiones, mucho menos cuando ésta conlleva contaminación ambiental por humo que afecta la salud.

Llama mucho la atención que la sentencia de la Sala IV habla de que “los magistrados consideran que las estación ferroviaria no cuenta con las condiciones necesarias para atender al público”. Esto es particularmente llamativo; basados en qué llegan los magistrados a dicha conclusión, y si eso efectivamente es así, dónde estuvo el Ministerio de Salud en el momento de construcción de la obra, para procurar que la inversión millonaria de la Municipalidad fuera aprovechada en su totalidad.

Ahora bien, si al Estado le ha costado una gran cantidad de millones hacer que el tren llegue a Cartago, la Municipalidad ha asumido la construcción de las estaciones, la comunidad ha sido clave en apropiarse de este servicio y los usuarios han demostrado que es necesario, entonces, lo mínimo sería que INCOFER mantenga en buen estado las locomotoras.

Prohibir el uso de una locomotora es tan sólo un remedio temporal, pues ha quedado evidenciado un riesgo en la prestación del servicio. Qué ocurriría si más locomotoras empiezan a presentar problemas similares, sería necesario seguir judicializando ante la Sala IV aspectos de coordinación entre instituciones públicas, para salvaguardar la calidad de vida de los vecinos. Aparentemente la convivencia con el tren, las corresponsabilidades de las distintas instituciones, el aprovechamiento de las inversiones y la calidad del servicio en materia de la reciente llegada del tren a Cartago, es un tema con nublados aún por aclarar.

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